La nueva Ley del cine en México

El pasado 16 de febrero se presentó ante el Senado de la República una iniciativa para expedir la nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual. Este proyecto se plantea como sustituto de la Ley Federal de Cinematografía que se promulgó en 1992. Entre las propuestas que se contemplan está incentivar la producción independiente y fomentar una inclusiva, accesible y más equilibrada industria del cine.

Este proyecto es producto de años de trabajo de miembros del gremio como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), y colectivos como el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (MOCCAM).

Muchos de los aspectos de la reforma se hablaron en las mesas de trabajo que organizó el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en el marco de la –hasta entonces posible– desaparición del Fidecine.

LA REFORMA

De entrada existe una actualización en el marco conceptual de la iniciativa de ley, en la cual se dividen los conceptos de obra cinematográfica y obra audiovisual.

En la primera categoría se contemplan los productos cinematográficos como largometrajes y cortometrajes –los que también se precisan individualmente–; mientras que la segunda categoría se compone por series y miniseries.

También existen apartados que hablan sobre las audiencias; el concepto de explotación de una obra en cualquier forma de transmisión (incluyendo plataformas digitales) y los derechos culturales.

PUNTOS CONTROVERSIALES

Algunos de los tópicos que más han causado controversia, los encontramos en los artículos 19 y 20 de la reforma. En estos se pide reservar –por lo menos– el 15% del tiempo total de exhibición en salas (superior al 10% de la ley en vigor) y el mismo porcentaje en catálogos de plataformas digitales para las obras de cine mexicano.

El artículo 19 estipula que la exhibición de las películas mexicanas no debe ser inferior a un periodo de siete días en horarios estelares de las salas de cine.

Del mismo modo, las plataformas digitales deberán tener al menos 15% de obras cinematográficas o audiovisuales en su catálogo, y que estas no superen los 25 años de antigüedad.

La entidad responsable de supervisar que el porcentaje se cumpla será la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

La iniciativa también busca desarrollar mecanismos para lograr una industria de cine equilibrada e inclusiva. Como se estipula en el artículo 37, donde se habla de las regulaciones para fomentar la equidad de género y una participación equilibrada de distintos actores de la sociedad como la comunidad LGBT, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, entre otros.

Asimismo, si la ley entra en vigor, el IMCINE se convertirá en el Instituto Nacional de Cinematografía y el Audiovisual. La nueva entidad tendrá atribuciones sobre los estímulos cinematográficos y se encargará de las labores de difusión, distribución y exhibición a nivel nacional.

DIFERENTES PERSPECTIVAS

La AMACC y el MOCCAM han celebrado que la iniciativa de ley se haya presentado en el Senado. No obstante, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) emitió un comunicado en el que expresa una postura más mesurada.

“Creemos que aún existen muchas áreas de oportunidad que requieren mayor reflexión y discusión entre todos los actores de la industria. Coincidimos en la importancia de incentivar la producción nacional independiente; sin embargo, no creemos que dichos incentivos deban ser a costa de los demás sectores de la cadena productiva cinematográfica”.

Las reservas de la CANACINE y de algunos sectores empresariales corresponden a la crisis que enfrenta la industria a causa de la pandemia de Covid-19.

Si bien la iniciativa está siendo revisada en el Senado por las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y la de Estudios Legislativos, aún falta que pase por diversas etapas antes de llegar al pleno para su aprobación en la Cámara Alta, donde se definirán las nuevas condiciones que regirán al cine en México.